Cada día, cerca de 1.5 millones de pasajeros se trasladan en motoconchos solo en el Gran Santo Domingo, según estimaciones de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Motocicletas (Afamoto). Este volumen ilustra el papel central que las motocicletas desempeñan en la movilidad urbana y en la vida cotidiana de millones en República Dominicana.
El parque de motocicletas continúa en expansión: más de 100,000 unidades ingresaron al país durante los primeros cuatro meses de 2026. El sector anticipa que las importaciones podrían llegar a 300,000 a fin de año, reflejando un fenómeno en crecimiento que impacta tanto en el tránsito como en la economía de miles de hogares.
La Asociación de Afamoto sostiene que el verdadero reto no está en establecer nuevas restricciones ni frenar las importaciones, sino en regular efectivamente a los cerca de cuatro millones de usuarios. Según declaraciones recogidas por Diario Libre, el gremio enfatiza que solo con la aplicación de la Ley 63-17, la exigencia de licencias, placas y el fortalecimiento de los controles, se podrá identificar y fiscalizar adecuadamente a los motociclistas.

Darío Lama, presidente del gremio, consideró que la falta de mecanismos de control ha llevado la situación a un estado “caótico” en cuanto al respeto de las leyes de tránsito y los derechos de terceros. Lama subrayó la necesidad de reforzar el cuerpo de agentes y modernizar los sistemas de detección de infracciones, en lugar de promulgar nuevas normas o restringir actividades del sector.
El peso económico y social del motoconcho
Un informe de la entidad calcula que en el país operan unos 180,000 motoconchistas. La motocicleta actúa como puente entre barrios y los sistemas de transporte masivo, como el metro, el teleférico y los corredores de autobuses. Para Juan Carlos Andrade, directivo de Afamoto, regular el sector es imprescindible, pero sin afectar el sustento de miles de familias.
El ingreso mensual promedio de un motoconchista ronda los 55,000 pesos (aproximadamente USD 950). Esta cifra evidencia el impacto de la actividad en la economía familiar y refuerza la postura del gremio: el problema trasciende el tránsito y tiene implicaciones sociales y económicas.
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Propuestas para ordenar el sector
Entre las iniciativas presentadas, Afamoto propuso a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) eliminar la carta de ruta y establecer placas provisionales similares a las de los automóviles. Según la entidad, la DGII está en proceso de crear nuevas placas alfanuméricas, más visibles y reflectivas, para facilitar la identificación de las motocicletas mediante cámaras y sistemas de vigilancia.
El gremio también sugirió restablecer el marbete anual para motocicletas. De acuerdo con Darío Lama, esta medida ayudaría a precisar el número real de vehículos activos, ya que muchos registros incluyen motocicletas fuera de uso o exportadas.

En materia de formación, Afamoto reconoció avances del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) en los procesos para obtener licencias, pero pidió ampliar la cobertura para regularizar a millones de motociclistas que circulan sin autorización.
La asociación reiteró su respaldo al uso obligatorio del casco protector y reclamó mayor presencia de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la implementación de sistemas de identificación, medidas que, según el gremio, podrían concretarse este mismo año.
Debate sobre restricciones y futuro del sector
El gremio rechazó tajantemente las propuestas orientadas a limitar la importación de motocicletas o prohibir el transporte de pasajeros en estos vehículos. Argumentaron a Diario Libre que tales restricciones no resolverían las causas del desorden vial y perjudicarían a millones de personas que dependen de este medio para movilizarse.
El debate sigue abierto, con foco en la aplicación efectiva de las leyes y la modernización de los controles, en un contexto donde la motocicleta ya es un pilar de la movilidad urbana y el sustento económico de una parte significativa de la población dominicana.