Por Carlos Jiménez
Director del programa Líderes de Impacto
El inicio del año escolar 2026-2027 vuelve a colocar en el centro del debate nacional los grandes desafíos que enfrenta el sistema educativo dominicano. Mientras las autoridades anuncian el comienzo de un nuevo período escolar, persisten preocupaciones relacionadas con la disponibilidad de aulas, la cantidad de docentes, las condiciones de los planteles y la capacidad del sistema para garantizar una educación digna y de calidad para todos los estudiantes.
Diversos sectores han advertido sobre un importante déficit de aulas a nivel nacional, además de centros educativos que presentan filtraciones, deterioro de infraestructura, falta de agua potable, mobiliario insuficiente y espacios que, originalmente destinados a otras funciones, han tenido que ser utilizados para impartir docencia.
A esta situación se agregan reclamos relacionados con pagos pendientes a docentes, falta de personal de apoyo, como conserjes y porteros, dificultades en algunos centros con los servicios de alimentación escolar, así como obras inconclusas o cuestionamientos sobre la calidad de determinadas construcciones.
También existe preocupación entre proveedores del sistema educativo por retrasos en los pagos correspondientes a servicios y contrataciones. De confirmarse estas situaciones, podrían afectar especialmente a pequeñas y medianas empresas que dependen de esos contratos para mantener sus operaciones y empleos.
Pero el problema educativo no se limita a la infraestructura.
Los resultados de aprendizaje continúan representando uno de los principales desafíos del país. Las evaluaciones internacionales, entre ellas PISA, han evidenciado las dificultades que todavía enfrenta la República Dominicana para alcanzar niveles satisfactorios de aprendizaje.
Por eso, el debate no puede reducirse a cuántas escuelas se construyen. La discusión debe incluir la calidad de la enseñanza, la formación y disponibilidad de docentes, los materiales educativos, la tecnología, la alimentación escolar, la seguridad y las condiciones generales en las que nuestros niños y jóvenes desarrollan su proceso de aprendizaje.
Punta Cana no puede quedar al margen
La situación adquiere una dimensión particularmente preocupante en Punta Cana, una de las zonas de mayor crecimiento económico, turístico y poblacional de la República Dominicana.
Sectores de la comunidad educativa han expresado preocupación ante la posibilidad de que más de 1,800 estudiantes enfrenten dificultades para acceder a la docencia debido a limitaciones relacionadas con aulas, personal docente y administrativo.
Si esta cifra se confirma, estamos ante una situación que merece la atención inmediata de las autoridades.
¿Cómo es posible que una demarcación que constituye uno de los principales motores económicos y turísticos del país enfrente dificultades de esta naturaleza en materia educativa?
Punta Cana ha experimentado un crecimiento poblacional extraordinario. El desarrollo turístico, inmobiliario y empresarial ha atraído miles de familias y trabajadores, aumentando significativamente la demanda de servicios públicos, especialmente de educación.
El crecimiento económico debe ir acompañado de planificación.
No podemos construir grandes proyectos turísticos, residenciales y comerciales sin garantizar, al mismo tiempo, las escuelas, hospitales, servicios básicos, seguridad y demás infraestructuras que necesita la población.
La seguridad también importa
Otro aspecto que preocupa a las familias es la seguridad en los centros educativos.
La falta o insuficiencia de policías escolares en determinados planteles puede generar inquietud, particularmente en comunidades donde se han registrado episodios de violencia o situaciones que afectan la convivencia escolar.
Los centros educativos deben ser espacios seguros. Los padres tienen derecho a enviar a sus hijos a las escuelas con la tranquilidad de que estarán protegidos mientras reciben educación.
¿Dónde está la prioridad?
La República Dominicana destina constitucionalmente el 4 % del PIB a la educación preuniversitaria. Esa realidad plantea una pregunta que merece una respuesta seria, técnica y transparente:
¿Es suficiente el 4 % del PIB o el principal problema está en la planificación, la ejecución, la supervisión y la definición de las prioridades?
La pregunta no pretende desconocer la importancia de la inversión educativa. Todo lo contrario: busca abrir una discusión necesaria sobre la manera en que esos recursos son administrados y sobre los resultados que la sociedad está recibiendo a cambio de esa inversión.
Porque no basta con disponer de recursos. Hay que utilizarlos correctamente.
La educación requiere planificación de largo plazo, ejecución eficiente, supervisión permanente y capacidad para anticipar el crecimiento de las comunidades.
Cada niño que no encuentra un aula disponible representa una oportunidad que no podemos permitirnos perder.
Cada escuela deteriorada demanda una respuesta.
Cada maestro que enfrenta dificultades con su pago merece una solución.
Y cada familia que espera un cupo para que su hijo pueda estudiar merece ser escuchada.
Punta Cana merece respuestas
Punta Cana no puede continuar creciendo al margen de una planificación educativa acorde con su realidad demográfica.
La educación debe acompañar el desarrollo económico, no llegar después de él.
Esta no debe ser una discusión partidista. Es una discusión sobre el presente y el futuro de nuestros niños.
Las autoridades nacionales y locales tienen la responsabilidad de ofrecer respuestas claras y soluciones concretas a las comunidades educativas.
La República Dominicana ha hecho una importante inversión en educación. Ahora corresponde garantizar que esa inversión se traduzca en más aulas, mejores escuelas, docentes suficientes, mayor calidad del aprendizaje, seguridad y oportunidades reales para nuestros estudiantes.
Punta Cana merece una educación a la altura de su importancia.
Nuestros niños merecen escuelas dignas.
Los maestros merecen condiciones adecuadas.
Y las familias merecen respuestas.
Porque si no somos capaces de planificar y resolver las necesidades educativas de una de las zonas de mayor crecimiento económico del país, corremos el riesgo de seguir mordiendo el polvo de la derrota en una demarcación que, por su potencial y su importancia estratégica, debería ser ejemplo de desarrollo y bienestar.
La educación no puede esperar.
Es tiempo de actuar, planificar y dar resultados.
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