El proceso judicial por el presunto desfalco millonario al Seguro Nacional de Salud (SENASA) avanza, y las posibles consecuencias para los implicados —entre ellos Santiago Hazim— son severas.
De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público en la Operación Cobra, las acusaciones de lavado de activos podrían derivar en penas de 10 a 20 años de prisión, además de multas entre 200 y 400 salarios mínimos y el decomiso total de los bienes obtenidos ilícitamente.
Estas sanciones están contempladas en los artículos 3.1, 3.2 y 3.3 de la Ley 155-17, que rige los delitos de lavado de activos en el país.
La acusación no solo contempla la pérdida de bienes, sino también la inhabilitación permanente para ocupar cargos en instituciones financieras o entidades públicas.
LOS SEÑALADOS EN EL EXPEDIENTE
Junto a Hazim, figuran como imputados:
Gustavo Enrique Messina, Germán Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Rafael Martínez Hazim y Heiry Mariela Pinela.
A todos se les atribuye participación en una red que habría cometido múltiples delitos, entre ellos:
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- Prevaricación
- Desfalco
- Asociación de malhechores
- Estafa contra el Estado
- Soborno
- Falsificación y uso de documentos falsos
- Delitos de alta tecnología
Aunque estos delitos contemplan sanciones menores —desde tres meses hasta dos años de prisión— el lavado de activos representa la acusación de mayor peso.
CARGOS DIRIGIDOS A SANTIAGO HAZIM
El expediente contra Hazim detalla violaciones al Artículo 146 de la Constitución, que prohíbe la corrupción.
También se le imputan:
- Asociación de malhechores
- Coalición de funcionarios
- Estafa contra el Estado
- Desfalco
- Uso de documentos falsos
- Soborno (Ley 448-06)
- Delitos de alta tecnología (Ley 53-07)
- Lavado de activos bajo diversas disposiciones de la Ley 155-17
EL PROCESO SIGUE EN MARCHA
Los implicados se mantienen bajo investigación mientras el Ministerio Público continúa presentando evidencias y gestionando las medidas de coerción correspondientes, en un caso que ya capta gran atención pública por la magnitud del supuesto fraude, que supera los 15 mil millones de pesos.
