El Ministerio Público presentó ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional la acusación formal y la solicitud de apertura a juicio contra los hermanos Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat, administradores de la discoteca Jet Set Club, lugar donde el 8 de abril de 2025 colapsó el techo y dejó un saldo de 236 fallecidos y cerca de 100 heridos.
La documentación fue entregada con la firma del procurador adjunto Wilson Camacho, la fiscal del Distrito Nacional Rosalba Ramos, el procurador de corte Héctor García y un equipo integrado por fiscales y fiscalizadores. Este proceso responde a una instrucción particular emitida por la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, con el objetivo de esclarecer las causas del derrumbe y las responsabilidades penales asociadas.
En la acusación se señala que ambos administradores incurrieron en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, violaciones previstas en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano. La imputación se apoya en un gran volumen de evidencias, entre ellas los informes técnicos de los ingenieros Leonardo de Jesús Reyes Madera, Eduardo A. Fierro y Máximo José Corominas Quezada, quienes identificaron fallas graves en la estructura y en las intervenciones realizadas en el edificio.
Acusación de Antonio Espaillat
En el caso de Antonio Espaillat López, el Ministerio Público le atribuye una serie de comportamientos considerados negligentes e imprudentes. Entre ellos, haber ordenado y permitido modificaciones estructurales sin licencias, incluida la eliminación de una columna esencial, sin estudios técnicos ni autorizaciones municipales. También se le señala por no realizar los análisis estructurales necesarios para conocer la capacidad real de la edificación y por instalar de manera sostenida nuevos elementos sobre el techo, como aires acondicionados, tinacos y casetas técnicas, incrementando la carga sin evaluaciones especializadas. A esto se suma que, pese a conocer el deterioro progresivo del techo, optó por reparaciones informales y mantuvo en curso el evento que se celebraba la noche del colapso, aun después de recibir reportes de caída de escombros. Según la acusación, estas decisiones se vinculan directamente con la tragedia del 8 de abril.
Acusación de Maribel Espaillat
Sobre Maribel Espaillat, los fiscales plantean que su rol en la gerencia y administración del establecimiento la coloca en un nivel de responsabilidad similar al de su hermano. En su caso, también se le atribuye participación en las modificaciones estructurales sin permisos, la falta de gestión de expedientes técnicos y de inspecciones obligatorias, además de autorizar la instalación progresiva de equipos sobre el techo sin estudios previos. La acusación establece que conocía el deterioro de la estructura y aprobó reparaciones improvisadas. Asimismo, estuvo informada del riesgo durante el evento, incluida la caída de escombros y lesiones sufridas por un asistente, sin ordenar la suspensión de la actividad.
De acuerdo con el Ministerio Público, las decisiones tomadas por ambos imputados a lo largo de más de diez años aumentaron de manera considerable el riesgo estructural del edificio, hasta desembocar en el colapso que provocó una de las tragedias más graves registradas en el país.
