La Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó el recurso de amparo colectivo interpuesto por Cirilo de Jesús Guzmán López en contra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Fideicomiso para la Expansión y Operación de la Red de Parqueos de Uso Público (Parqueat_RD).
El accionante buscaba que se declarara inconstitucional la disposición que obliga a los conductores a pagar multas y los costos por el servicio de grúa en casos de vehículos mal estacionados.
Sin embargo, mediante sentencia del 12 de agosto de 2025, el TSA entendió que, aunque tenía competencia para conocer el caso, no procedía la vía del amparo, ya que existen mecanismos ordinarios en el ámbito contencioso administrativo para ventilar este tipo de reclamos.
El tribunal subrayó que las sanciones económicas y el servicio de remolque son medidas necesarias para preservar el orden y la seguridad en los espacios de estacionamiento administrados bajo el fideicomiso.
La decisión ha suscitado reacciones encontradas: algunos ciudadanos califican los cobros como excesivos y lesivos para los usuarios, mientras que otros los consideran necesarios para garantizar la organización y el respeto de las normas de tránsito.
