Por: Carlos Jiménez, comunicador
En la República Dominicana, las escuelas públicas deberían ser santuarios del conocimiento, espacios seguros donde niños y jóvenes puedan formarse lejos de los peligros que acechan en la sociedad. Sin embargo, la realidad que viven hoy muchos centros educativos dista mucho de ese ideal. La falta de seguridad en los planteles escolares se ha convertido en una preocupación creciente, en momentos en que la delincuencia juvenil muestra señales alarmantes de aumento.
Uno de los principales problemas es la ausencia de sistemas de vigilancia adecuados. Muchas escuelas carecen de cámaras de seguridad, o las pocas que existen no funcionan correctamente. Esto deja a estudiantes, docentes y personal administrativo en una situación de vulnerabilidad constante, donde cualquier incidente —desde riñas hasta actos delictivos— puede ocurrir sin posibilidad de control ni evidencia para su posterior investigación.
A esto se suma la escasez de policías escolares. En un país donde el Estado ha invertido miles de millones de pesos en infraestructura educativa, resulta contradictorio que no se haya fortalecido de igual manera la seguridad en estos espacios. La presencia de agentes capacitados no solo disuade conductas violentas, sino que también permite una respuesta rápida ante cualquier situación de riesgo. Sin embargo, en la práctica, muchos centros educativos cuentan con uno o ningún agente asignado, lo que resulta claramente insuficiente.
El contexto social tampoco ayuda. La descomposición familiar, la falta de oportunidades y la influencia de entornos vulnerables están impactando directamente en el comportamiento de los estudiantes. Cada vez son más frecuentes los casos de agresiones entre alumnos, porte de armas blancas en escuelas y conflictos que trascienden las aulas. Esta realidad no puede analizarse de forma aislada: la escuela es un reflejo de la sociedad, y cuando la sociedad enfrenta problemas estructurales, estos inevitablemente se filtran en el sistema educativo.
No obstante, el Estado no puede limitarse a observar. Es urgente implementar políticas públicas integrales que fortalezcan la seguridad escolar. Esto incluye la instalación de sistemas modernos de videovigilancia, el aumento significativo de la Policía Escolar, programas de orientación psicológica y la integración de las familias en la formación de valores. La prevención debe ser la prioridad, no la reacción tardía.
También es necesario revisar el enfoque educativo. No basta con impartir contenidos académicos; se debe educar en ciudadanía, respeto y convivencia pacífica. Las escuelas deben convertirse en espacios donde se construyan valores sólidos que contrarresten la violencia que muchos estudiantes experimentan fuera de ellas.
La seguridad en las escuelas públicas no es un lujo, es una necesidad urgente. Cada estudiante que se siente inseguro dentro de su centro educativo es un fracaso colectivos como sociedad. Si no se actúa ahora, las consecuencias serán más profundas y difíciles de revertir en el futuro.
La educación es el pilar del desarrollo de cualquier nación. Protegerla no es opcional, es una responsabilidad impostergable del estado Dominicano.
Espero que lo que pasó en Punta Cana no vuelva a suceder…
