La audiencia preliminar contra los dueños de la discoteca Jet Set se retoma este lunes en el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en un escenario marcado por el retiro de varias querellas y el reclamo constante de justicia por parte de los afectados.
El proceso, dirigido por el juez Reymundo Mejía, continúa tras la sesión del pasado 20 de abril, cuando se oficializó el desistimiento de al menos diez acciones legales contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López.
Según la barra de la defensa, estos retiros responden a acuerdos alcanzados con familiares de víctimas, los cuales incluyeron compensaciones económicas.
A pesar de ello, el Ministerio Público mantiene la acusación por homicidio involuntario, al sostener que los imputados actuaron con negligencia al permitir una carga excesiva en la estructura del local sin contar con los estudios técnicos necesarios.
En paralelo, miembros del “Movimiento Jet Set”, integrado por sobrevivientes y familiares que rechazaron conciliaciones, continúan exigiendo que el caso llegue a juicio de fondo, insistiendo en que la pérdida de vidas no debe ser objeto de negociación.
Durante la audiencia de este lunes, el tribunal seguirá analizando las pruebas periciales, que señalan que el colapso habría sido causado por el peso de equipos instalados en el techo, como sistemas de climatización y tanques de agua, pese a advertencias previas sobre el deterioro de la edificación.
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Se espera que el magistrado determine si existen elementos suficientes para enviar el caso a juicio de fondo, en medio de un debate que ha puesto sobre la mesa la seguridad en centros de entretenimiento y la responsabilidad civil en el país.
La jornada anterior, que se prolongó por cerca de ocho horas, estuvo marcada por tensiones y discusiones entre las partes, incluyendo desacuerdos relacionados con solicitudes presentadas por la defensa de uno de los implicados, Gregory Adames.
Hasta el momento, unas 15 querellas han sido retiradas contra los hermanos Espaillat y la empresa E&L SRL, alegando desinterés en continuar el proceso. Sin embargo, otros afectados mantienen su decisión de seguir adelante con las acciones judiciales.
Entre quienes figuran en el proceso se encuentran:
Agustina Mercedes de Gómez, en representación de Natalia Jiménez de Gómez; Brayan Saldaña Germán, en representación de su esposa Ruth Eliza Jerez de Saldaña; Lucía Valdera Suero, en representación de Joselin Rosado Valdera; Juan I. López, como hermano de César Augusto López; y Héctor Eduardo Brito Peña, en su propio nombre.
Asimismo, la familia de Johanna Rodríguez, fallecida junto a su esposo Eduardo Grullón —presidente de AFP Popular—, presentó una querella particular solicitando que el caso sea reclasificado como homicidio voluntario, en lugar de homicidio involuntario como plantea el Ministerio Público.
El hecho ocurrió el 8 de abril de 2025, durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, cuando el techo del establecimiento colapsó, provocando la muerte de 236 personas y dejando más de un centenar de heridos, en una de las tragedias más impactantes registradas en la historia reciente de República Dominicana.
