Un hombre que pasó cerca de dos décadas privado de libertad sin que un tribunal emitiera una sentencia definitiva sobre su caso fue puesto en libertad, luego de una intervención de la Oficina de Defensa Pública del Departamento Judicial de Montecristi, en un hecho que evidencia una de las mayores fallas registradas en el sistema de justicia penal dominicano.
El ciudadano permanecía recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Beller, en Dajabón, desde el 20 de junio de 2006 bajo una medida de prisión preventiva que, aunque debía ser excepcional y temporal, se prolongó por casi veinte años sin una resolución judicial que definiera su situación legal.
Hallazgos durante la revisión del expediente
Al asumir la defensa del caso, los abogados identificaron documentos médicos que certificaban que el interno padecía una condición de salud mental. También verificaron que, el 19 de marzo de 2009, tanto la Defensa Técnica como el Ministerio Público solicitaron al Tribunal Colegiado de Dajabón la aplicación de un procedimiento especial para personas inimputables, debido al estado psiquiátrico del procesado.
Sin embargo, el tribunal rechazó esa petición y optó por suspender la acción penal hasta que el imputado recuperara su salud mental. Esa decisión provocó que el proceso quedara paralizado durante años, manteniendo al hombre encarcelado sin que existiera una decisión definitiva sobre su responsabilidad penal.
Una prolongada vulneración de derechos
La Defensa Pública calificó el caso como una grave violación de derechos fundamentales, al considerar que el ciudadano permaneció encarcelado durante casi dos décadas sin las garantías del debido proceso, sin tutela judicial efectiva y sin una definición de su situación procesal.
Frente a este escenario, los defensores implementaron una estrategia legal para lograr el restablecimiento de sus derechos. Entre las acciones emprendidas figuraron un recurso de habeas corpus y una apelación, mecanismos que finalmente permitieron revertir la prolongada privación de libertad.
El proceso concluyó con una sentencia emitida por la Corte el 25 de febrero de 2026, mediante la cual se ordenó la libertad inmediata del ciudadano, poniendo fin a uno de los casos más extensos de prisión preventiva sin sentencia registrados en la República Dominicana.
