Las misiones médicas cubanas en el extranjero cuentan ahora con una nueva plataforma que permite consultar, país por país, información sobre profesionales desplegados, contratos, remuneraciones y testimonios relacionados con estos programas de cooperación.
La herramienta, denominada Cuban Medical Brigades, fue presentada por Prisoners Defenders y Consorcio Justicia, organizaciones que aseguran que se trata de la mayor base de datos pública dedicada a las misiones médicas cubanas.
El sistema recopila información de 209 países y territorios y, según sus datos actualizados hasta junio, registra 53 misiones activas y 25,724 profesionales cubanos trabajando fuera de la isla.
La plataforma también permite consultar información económica relacionada con los acuerdos suscritos entre Cuba y los países receptores, incluyendo los montos pagados por cada profesional y las cantidades que, de acuerdo con la base de datos, reciben directamente los trabajadores.
Más de 1,400 testimonios de profesionales
Uno de los principales componentes de la herramienta son los 1,402 testimonios recopilados desde 2018. De ese total, 217 son públicos y 1,185 permanecen protegidos.
Los relatos corresponden a profesionales que han participado en misiones en 60 países y, según las organizaciones responsables de la plataforma, permiten identificar patrones relacionados con las condiciones laborales y personales de los cooperantes.
Entre los datos presentados, el 89.79 % de los declarantes afirmó que fue obligado a participar en una misión o que aceptó debido a circunstancias que consideró coercitivas.
Asimismo, el 77.72 % manifestó que su decisión de participar no fue libre.
Contratos y destinos bajo cuestionamiento
La información recopilada también aborda las condiciones contractuales.
Según la plataforma, el 32.41 % de los profesionales consultados aseguró que nunca recibió un contrato, mientras que el 36.20 % indicó que llegó a firmarlo, pero no recibió una copia.
Otro dato señalado es que el 69.62 % afirmó desconocer su destino definitivo o haber experimentado un cambio de destino después de llegar al país asignado.
Las organizaciones sostienen que estas situaciones forman parte de un esquema de control que afecta a los profesionales durante su permanencia en el extranjero.
Denuncian vigilancia y restricciones
La base de datos también recoge testimonios relacionados con las condiciones de movilidad y vigilancia.
El 77.64 % de los testimonios protegidos reportó haber sido vigilado por funcionarios cubanos o personas vinculadas con las misiones, mientras que el 81.18 % aseguró haber enfrentado restricciones para desplazarse dentro del país donde prestaba servicios.
En cuanto a los documentos personales, el 40 % manifestó que su pasaporte fue retenido al llegar al destino.
Además, el 68.69 % mencionó la existencia de toques de queda.
La plataforma hace referencia también a la Resolución 368/2020 del Ministerio del Comercio Exterior de Cuba, que establece determinadas obligaciones para los cooperantes, incluidas disposiciones relacionadas con sus relaciones sentimentales y el retorno a la isla.
¿Cuánto reciben los profesionales?
Uno de los aspectos que genera mayor interés en la base de datos es la diferencia entre los montos pagados por los países receptores y los ingresos que reciben directamente los profesionales.
De acuerdo con los datos publicados, las jornadas laborales alcanzan un promedio de 71.89 horas semanales, al sumar labores ordinarias, guardias y servicios extraordinarios.
Mientras tanto, el ingreso líquido promedio declarado por los profesionales consultados fue de US$462.29 mensuales, cifra que, según Prisoners Defenders y Consorcio Justicia, representa aproximadamente el 15 % del monto pagado por el Estado receptor.
Las organizaciones sostienen que el restante 85 % queda en manos del Estado cubano y entidades intermediarias.
Entre los ejemplos citados figura México, donde algunos profesionales habrían recibido US$200 mensuales, mientras el Estado cubano percibía US$3,750 por trabajador.
En otro caso, un acuerdo suscrito en Calabria, Italia, en 2022 estableció un pago de 4,700 euros mensuales por profesional, de los cuales 3,500 correspondían a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos y 1,200 al trabajador.
Separación de familiares
Los testimonios recopilados también hacen referencia a situaciones que afectan a los vínculos familiares.
Según los datos publicados por la plataforma, el 40.51 % de los declarantes protegidos afirmó haber estado o permanecer separado de manera forzosa de hijos menores.
Asimismo, 53 profesionales aseguraron que se les impidió regresar a Cuba para visitar a sus hijos.
La base de datos registra además 9,646 profesionales catalogados como “desertores” por el Gobierno cubano.
Prisoners Defenders señala que, en 2022, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas expresó preocupación por las restricciones que pueden impedir el regreso de estos profesionales durante períodos prolongados.
Las cifras económicas de las misiones
Además de las condiciones laborales, la plataforma incorpora información sobre el impacto económico de las brigadas.
Un informe publicado por Prisoners Defenders en 2024, elaborado con datos cubanos y estadísticas de comercio de servicios profesionales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), estimó que las misiones médicas generaron alrededor de US$5,976 millones durante 2021.
Según ese análisis, la exportación de servicios sanitarios constituye una de las principales fuentes de divisas para el Gobierno cubano.
Por otra parte, el British Institute of International and Comparative Law examinó 48 acuerdos relacionados con misiones médicas suscritos con 19 contrapartes entre 1985 y 2023. El estudio señaló referencias limitadas a estándares internacionales de derechos humanos y cuestionó la existencia de mecanismos efectivos de supervisión.
Cuestionamientos de organismos internacionales
Las críticas al funcionamiento de las misiones médicas cubanas también han sido planteadas por organismos internacionales.
Según Prisoners Defenders y Consorcio Justicia, el Parlamento Europeo aprobó cinco resoluciones entre 2021 y 2026 relacionadas con las condiciones de estas misiones y calificó determinadas prácticas como trabajo forzoso.
La resolución más reciente, aprobada el 18 de junio, pidió al Gobierno cubano poner fin a las misiones que impliquen trabajo forzoso y solicitó a la Unión Europea evitar contribuir a este tipo de prácticas.
En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales también abordaron el tema e identificaron, en determinadas misiones, elementos relacionados con la falta de voluntariedad y la amenaza de sanciones.
Cuba rechaza las acusaciones
El Gobierno cubano rechaza las denuncias sobre presuntas condiciones de trabajo forzoso y sostiene que los profesionales participan voluntariamente en las misiones.
Las autoridades cubanas también defienden el esquema mediante el cual una parte de los ingresos generados por los servicios prestados en el exterior es destinada al financiamiento del sistema sanitario de la isla.
Sin embargo, Prisoners Defenders cuestiona esta explicación y sostiene, a partir de datos de la OMC y estadísticas oficiales cubanas, que los recursos destinados al sistema de salud representan menos del 1 % de lo facturado mediante las misiones.
Las organizaciones que desarrollaron la plataforma reclaman cambios en las condiciones de las brigadas, entre ellos la eliminación de sanciones relacionadas con el abandono de las misiones, mayor transparencia contractual, pago directo a los profesionales y auditorías sobre los fondos generados.
Cuban Medical Brigades continuará incorporando testimonios, documentos y datos sobre las misiones médicas cubanas y permite consultar la información organizada por países y territorios.
Con información de Infobae
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