Verón-Punta Cana.- El director de la División de Planificación y Programación de la Junta del Distrito Municipal Verón-Punta Cana, Juan Carlos Sánchez, afirmó que el proceso de elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) busca equilibrar los intereses de todos los sectores involucrados, garantizando tanto la seguridad jurídica para los inversionistas como la participación activa de las comunidades.
Sánchez explicó que el municipio enfrenta un escenario donde confluyen distintos intereses entre residentes, desarrolladores inmobiliarios e inversionistas, siendo precisamente el sector inmobiliario uno de los que más ha insistido en recibir garantías sobre el respeto a los derechos adquiridos.
Según indicó, la ordenanza municipal que sustenta el Plan de Ordenamiento Territorial contempla artículos específicos para proteger esos derechos y asegurar la continuidad de los proyectos que ya estaban en marcha antes de la implementación del nuevo instrumento de planificación.
“Hay artículos suficientes en la ordenanza municipal para garantizar el respeto a los derechos adquiridos y también la continuidad de los proyectos que ya venían desarrollándose”, expresó.
El funcionario señaló que, desde el año pasado, numerosos empresarios han depositado en la Oficina de Planeamiento Urbano las propuestas de sus proyectos, por lo que aseguró que estas iniciativas no encontrarán obstáculos derivados de la nueva normativa.
No obstante, destacó que el proceso de socialización del POT ahora requiere una mayor participación de las comunidades, las cuales calificó como amplias y con necesidades diversas.
En ese sentido, mencionó a La Ceiba como uno de los sectores con características particulares dentro del territorio, por lo que consideró importante que sus residentes continúen expresando sus planteamientos durante el proceso de consulta.
Sánchez sostuvo que el objetivo del Plan de Ordenamiento Territorial es construir un instrumento que permita organizar el crecimiento de Verón-Punta Cana, conciliando el desarrollo urbanístico con las expectativas de las comunidades y la seguridad jurídica que demandan los sectores productivos.