Santo Domingo. La audiencia por la medida de coerción del presunto fraude en SeNaSa cerró ayer con una nueva fecha clave: el jueves 11 de diciembre, a las 2:00 p. m., cuando la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá formalmente el proceso.
El magistrado Rigoberto Sena decidió aplazar el conocimiento de la medida para garantizar que los equipos de defensa dispongan del tiempo necesario para organizar sus argumentos. “Para que todos los abogados tengan la causa procesal y puedan hacer presupuesto”, señaló el juez, al recalcar que el expediente “reviste seriedad” y que el Ministerio Público debe evitar “lanzar imputaciones alegres”.
Un expediente voluminoso y un esquema de corrupción multifacético
Los abogados revelaron que el documento del Ministerio Público supera las 500 páginas y describe un entramado que, según la investigación, mezcla fraude administrativo, corrupción, falsificación y lavado de activos.
El expediente coloca al entonces director de SeNaSa, Santiago Hazín, como supuesto cabecilla de la estructura, acompañado de gerentes y colaboradores claves. Conforme a la PEPCA, la red habría creado programas especiales ficticios para canalizar sobornos millonarios sin justificación técnica.
“El Ministerio Público cuenta con un legajo de pruebas, tanto testimoniales como documentales, que probarán cada una de las imputaciones”, aseguró un representante de la PEPCA durante la audiencia.
Sobornos, documentos manipulados y el golpe a los pacientes vulnerables
La acusación detalla que, desde 2020, la estructura habría recibido RD$1,165 millones en sobornos vinculados al programa Adulto Mayor, a través de la empresa Nutrimed. Según la PEPCA, su representante, Cinthia Costa, entregó al empresario José Pablo Ortiz unos RD$529 millones en efectivo y mediante contratos simulados, de los cuales el 90% supuestamente terminaba en manos del exfuncionario.
Related News
El órgano acusador asegura que se manipularon estados financieros, se presentaron reclamaciones inexistentes y se justificaron pagos irregulares, además de aumentos fraudulentos en tratamientos oncológicos, cardiovasculares y quirúrgicos. Estas maniobras habrían generado un perjuicio directo a los fondos de salud por más de RD$15 mil millones, con estimaciones que podrían superar los RD$43 mil millones.
La investigación también detalla presuntas acciones de manipulación al personal técnico, uso de empresas de maletín, triangulación bancaria, facturación falsa y compras simuladas para legitimar fondos desviados.
“No estamos ante simples irregularidades administrativas; estamos frente a un atentado directo contra la vida y la salud de los dominicanos”, reiteró el Ministerio Público. Entre los hallazgos figura incluso la compra de un vehículo de lujo mediante mecanismos financieros cuestionados.
Millones de afiliados afectados y una audiencia abarrotada
El Ministerio Público sostiene que el presunto fraude comprometió la estabilidad del seguro público y perjudicó a más de un millón de afiliados, especialmente los de mayor vulnerabilidad.
Debido a la cantidad de imputados y equipos legales presentes, la audiencia tuvo que trasladarse a una sala más amplia para continuar con el proceso.
Si quieres, te hago también versión para redes, versión corta, titular impactante, o formato audiovisual para TikTok o reels.
